Una inversión multimillonaria en una propiedad de lujo en Londres que salió mal, un cardenal vaticano antaño poderoso que grabó en secreto una conversación con el papa y una asesora de seguridad acusada de gastar fondos de la Iglesia en marcas de moda. No, no se trata de la trama de un nuevo thriller histórico, sino de lo que ha surgido de lo que se ha denominado el «juicio del siglo» del Vaticano, en el que se examinó una letanía de malas prácticas financieras que costaron millones de dólares a la Santa Sede.
El cardenal italiano Giovanni Angelo Becciu, de 75 años, que alguna vez ocupó uno de los cargos más poderosos del Vaticano, fue condenado este sábado a cinco años y medio de prisión por su participación en diversos delitos financieros, según una declaración de la sentencia del Tribunal del Vaticano.
Becciu se convierte así en el primer cardenal declarado culpable y sentenciado por un tribunal del Vaticano. Él siempre ha negado los cargos en su contra y tras la sentencia su abogado reafirmó su inocencia y dijo que el cardenal apelaría el veredicto.
Becciu, que anteriormente ocupó el cargo de jefe de gabinete papal equivalente, fue condenado por su papel en la inversión multimillonaria de la Santa Sede en una propiedad de Londres, pagando más de 570.000 euros a una consultora que utilizó los fondos para uso personal.
El juicio es una prueba crucial para el papa Francisco en su larga batalla para aportar transparencia a las notoriamente turbias finanzas del Vaticano. Para garantizar que el cardenal fuera juzgado, Francisco tuvo que cambiar la ley de la Iglesia . Además de la pena de prisión, al cardenal se le ha prohibido de por vida ejercer cargos públicos y se le ha impuesto una multa.
Becciu fue uno de los diez acusados en el juicio de dos años y medio de duración supervisado por un panel de tres jueces. Todos ellos fueron condenados por algunos cargos pero absueltos por otros.
Cecilia Marogna, la asesora de seguridad, fue condenada a tres años y nueve meses de prisión tras ser declarada culpable de apropiación indebida de cientos de miles de euros autorizados por Becciu y destinados a ayudar a liberar a una monja secuestrada.
Entre los otros que fueron juzgados se encontraban dos financieros italianos con sede en Londres involucrados en la inversión inmobiliaria del Vaticano. Los jueces han condenado hoy a Raffaele Mincione a cinco años y medio de prisión y a Gianluigi Torzi a seis años.
El Vaticano dispone de algunas celdas, pero las condenas más largas se cumplirían en una prisión italiana.
Antes de que comenzara el juicio, el papa destituyó a Becciu, su otrora estrecho colaborador de su cargo de jefe del departamento vaticano para la canonización de santos, y le quitó su derecho a votar en un futuro cónclave.
En el centro del proceso estaba la compra por parte del Vaticano de una vasta propiedad en el suroeste del barrio londinense de Chelsea, construida originalmente como sala de exposición de coches para los grandes almacenes Harrods. La Santa Sede gastó unos US$ 400 millones en la operación a lo largo de varios años, pero terminó con pérdidas de 150 millones tras vender finalmente el activo. Los fiscales del Vaticano argumentaron que la Iglesia fue estafada en millones al pagar demasiado por la propiedad, mientras que una serie de intermediarios ganaron enormes sumas y los responsables del trato fueron negligentes.
Inicialmente, la Santa Sede invirtió US$ 200 millones en un fondo dirigido por Raffaele Mincione, financiero italiano afincado en Londres, que controlaba una participación del 45% en la propiedad de Chelsea. La inversión inicial se autorizó cuando el cardenal Becciu era jefe de gabinete. La otra mitad del edificio era propiedad de Mincione.
El plan consistía en convertir el edificio en apartamentos, pero el Vaticano se mostró insatisfecho con la inversión, que, según los fiscales, dejó a la Iglesia con cuantiosas pérdidas. El edificio, dicen, había sido sobrevalorado por Mincione y la Secretaría de Estado no fue informada de una hipoteca de 75 millones de libras (US$ 96 millones) sobre la propiedad. El sucesor de Becciu, Edgar Peña Parra, decidió comprar el edificio directamente, pero tuvo que pagar una cuantiosa suma a Mincione.
Posteriormente se contrató a otro financiero, Gianluigi Torzi, para que ayudara a comprar la propiedad, pero se le acusa de estructurar el acuerdo de forma que él se quedara con el control del edificio y el Vaticano adquiriera una «caja vacía». Altos cargos vaticanos afirman que no se les informó debidamente de la operación y que tuvieron que pagar millones a Torzi para salir del acuerdo.
El Vaticano anunció que el juicio comenzaría en julio de 2021, y que los fiscales depositarían un escrito de acusación de 500 páginas en el que se detallan los presuntos delitos.
Tanto Torzi como Mincione se encuentran entre los 10 acusados del caso, que se juzgó en una sala especial dentro de los Museos Vaticanos. Torzi fue juzgado por extorsión, blanqueo de dinero, fraude y malversación, mientras que Mincione fue acusado de malversación, abuso de poder, fraude y blanqueo de dinero. Ambos han negado los cargos que se les imputan. Mincione también ha emprendido acciones legales contra la Santa Sede ante los tribunales londinenses.
Mincione declaró a CNN que el caso contra él «no se basa en nada» y que el Vaticano «ha sido incapaz de demostrar que compró la propiedad a un precio inflado o que perdió dinero». Insistió en que las valoraciones de la propiedad estaban respaldadas por un informe independiente de la firma de servicios financieros PriceWaterhouseCoopers y que el Vaticano era «perfectamente consciente del préstamo del Deutsche Bank» sobre el edificio y de «valores alternativos más bajos». Mincione también dijo que la decisión del Vaticano de adquirir la propiedad significaba que el permiso de planificación sobre el edificio estaba «interrumpido». Añadió que su acción contra la Santa Sede en Londres estaba diseñada para «limpiar» su nombre y que estaba «100% seguro» de que ganaría el caso.
Aunque los reguladores dictaminaron en 2021 que la Santa Sede había progresado en sus reformas financieras, insistieron en que debía redoblar sus esfuerzos para perseguir las irregularidades, incluidas las de altos clérigos.
Luego llegó la noticia de que el juicio, que por primera vez incluiría a un cardenal como uno de los acusados, seguiría adelante, lo que convertiría a Becciu en el primer cardenal en enfrentarse a cargos penales en un tribunal vaticano. Para ello, Francisco tuvo que cambiar la ley para permitir que obispos y cardenales fueran juzgados por un tribunal vaticano. Anteriormente gozaban de inmunidad procesal.