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lunes, diciembre 23, 2024

Senado aprueba Ley de Juicio Político; va a Diputados

Por unanimidad de 106 votos, el Senado de la República le corrigió la plana a la Cámara de Diputados y desapareció la obligación de las legislaturas locales de acatar las declaraciones de desafuero que emita la Cámara de Diputados y con ello, se destrabó la aprobación de la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia.

“… De haberse aprobado en los términos de la colegisladora se corría el riesgo de que estos procedimientos pudieran ser usados con propósitos políticos, ajenos a los de su objeto constitucional. En el caso del enjuiciamiento por responsabilidad penal del Presidente de la República se abría también la posibilidad de un escenario de crisis política, poniendo en riesgo la estabilidad de nuestro país, y finalmente, era seguro que el destino del decreto en los términos del dictamen original habría sido la impugnación ante la Suprema Corte…”. Mencionó Claudia Ruiz Massieu, senadora del PRI.

Con las modificaciones al dictamen se mantiene la protección de los mandatarios estatales cuando sean sometidos a juicio de desafuero como fue el caso del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

Artículo 110
“… Pero en este caso la resolución será únicamente declarativa y se comunicará a las Legislaturas Locales para que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda…”

Artículo 111
“… Pero en este supuesto, la declaración de procedencia será para el efecto de que se comunique a las Legislaturas Locales, para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda…”

“… El senado es custodio del federalismo, no alcahuete de gobernadores rufianes, tampoco se está legislando ad cassus contra Cabeza de Vaca, quien legisló a favor de Cabeza de Vaca 55 días después de desaforado fue el Congreso Local de Tamaulipas para tratar de evitar la suplencia una vez destituido por el desafuero…”

Artículo 9
“… Cualquier persona ciudadana, bajo su más estricta responsabilidad, podrá formular por escrito denuncia contra las personas servidoras públicas…”

Establece que la ciudadanía podrá solicitar la declaración de procedencia para sancionar, destituir o incluso inhabilitar a los funcionarios de alto nivel, incluyendo al Presidente, que incurran en violaciones graves a la Constitución, las leyes federales o que hagan uso indebido de fondos y recursos federales.

Si la sección instructora considera procedente la solicitud, la Cámara de Diputados se constituirá en órgano de acusación. El juicio político sólo podrá iniciarse mientras el servidor público se encuentre en el cargo o en el año posterior del encargo.

La minuta fue turnada la Cámara de Diputados para sus efectos parlamentarios

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